Antonio Carroza (Alquiler Seguro): "Nos acusan de abuso de poder, pero solo gestionamos un 1% del mercado"

Esta última semana ha trascendido el importe de la multa que el Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, pretende imponer a Alquiler Seguro supuestamente por «vulnerar los derechos de los inquilinos». El procedimiento sigue en curso tras la apertura del expediente sancionador en marzo.

¿Cómo valora la propuesta de sanción?

Nos parece totalmente desproporcionada. Llevamos 20 años impulsando el alquiler como pyme familiar, con 500 empleados y 60 oficinas, profesionalizando un sector mayoritariamente entre particulares. Nuestros servicios cumplen la legalidad: de más de 30.000 contratos, solo hemos tenido tres demandas en 20 años y todas a nuestro favor. Estamos convencidos de que hacemos las cosas bien.

¿A qué atribuye que el Ministerio haya puesto el foco en su empresa?

Desde el inicio, nuestro objetivo ha sido generar más oferta y estabilidad en el mercado, opinando con transparencia sobre las políticas de vivienda. Somos una empresa privada en el nicho del alquiler residencial. Hemos criticado medidas como la limitación de precios, coincidiendo con organismos como la UE, AIReF o el Banco de España. Defendemos un marco jurídico estable para inquilinos y propietarios. Lamentablemente, ser críticos con el Gobierno parece conllevar que nos ataquen, como se ve en la situación de Barcelona.

Comentaba que solo han tenido tres demandas y las sentencias avalan que sus servicios son voluntarios y útiles, pero, ¿lo son realmente cuando los inquilinos casi no tienen alternativas en un mercado tan limitado?

El problema de la oferta lo está generando este Gobierno. La limitación de precios, la falta de seguridad jurídica y los ataques a inversores están reduciendo drásticamente la oferta. En momentos como este, Alquiler Seguro es más necesario que nunca. Analizamos el mercado y vemos abusos de muchos propietarios: los inquilinos están inseguros, sin saber qué pasará cuando venza su contrato y con poca oferta disponible. Por eso fomentamos que se genere más oferta y que la relación entre inquilino y propietario sea profesional y amistosa, desde la comercialización hasta la gestión de incidencias. Con más empresas como la nuestra, habría más oferta y el problema del alquiler podría resolverse.

¿Se consideran parte de la solución al problema de la vivienda?

Somos parte de la solución. Gestionamos más de 30.000 viviendas en España y 30.000 familias viven en ellas. Solo hemos tenido tres demandas, todas resueltas a nuestro favor. En términos relativos, la supuesta queja contra nosotros parece dirigida por quien busca hacernos daño.

¿A qué atribuye la percepción generalizada de que no son tan transparentes?

Hay grupos que dicen proteger al consumidor, pero en realidad buscan un interés económico mediante subvenciones y pleitos. En el inmobiliario, esto se acentúa por la crisis generada por la intervención del Gobierno. Nos atacan porque somos los más visibles y transparentes, mientras otros operan ocultos. Con un mercado muy atomizado, los ataques siempre se centran en quienes tienen mayor exposición.

Han anunciado que van a presentar alegaciones al Ministerio.

Por supuesto. Hemos judicializado el caso, presentando una demanda por violación de la confidencialidad y solicitando medidas cautelares, ya que fue el Ministerio quien filtró la información. Esto sigue en los tribunales y serán ellos quienes asuman su responsabilidad.

¿Ha tenido consecuencias el expediente del Ministerio sobre su actividad, como pérdida de clientes o inquietud entre ellos?

Evidentemente, cualquier tormenta mediática es dura para el equipo, pero inquilinos y propietarios están bien informados gracias a nuestro departamento de comunicación. En 20 años solo hemos tenido tres demandas de inquilinos, todas ganadas. El 80% de ellos contrata nuestros servicios, y quienes no lo hacen pueden operar directamente con el propietario sin problema; cumplimos la ley a rajatabla. La incertidumbre ante cambios legislativos hace que los propietarios recurran más a Alquiler Seguro, buscando seguridad frente a expropiaciones, fiscalización de rentas o limitaciones, y diciendo: "gestiónamelo tú". Tanto accionistas como los 560 trabajadores y el equipo directivo están tranquilos. Acusarnos de abuso de poder no tiene sentido, gestionamos apenas el 1% del mercado, unas 30.000 viviendas de tres millones en España.

Una de las acusaciones más frecuentes es que utilizan su propio índice para actualizar las rentas sin que los inquilinos lo conozcan previamente o sin suficiente transparencia. ¿Puede explicarnos cómo funciona realmente?

La Ley de Desindexación de la Economía de 2015 impulsó la creación de índices específicos para distintos sectores. El alquiler necesitaba uno propio, que reflejara la realidad del mercado y no dependiera solo del IPC. Así nació el índice ARCA, desarrollado junto a Idealista y basado en una muestra representativa de la oferta. Se actualiza mediante un algoritmo certificado y publicamos los resultados mensualmente de forma transparente. La transparencia parece incomodar a la administración, pero la serie histórica del ARCA demuestra que basar actualizaciones en el mercado es más sano que usar índices externos.

¿Qué papel tienen los intermediarios privados en la escalada de los precios del alquiler?

En cualquier mercado, la falta de información genera intermediarios. En el financiero está regulado; en el inmobiliario, la regulación solo restringe ciertas actuaciones. El intermediario lo que hace es casar oferta y demanda. ¿La responsabilidad? Es como culpar al mensajero por el mensaje. La verdadera causa es la falta de oferta frente a una demanda muy elevada. El intermediario no destruye oferta; al contrario, necesita más para que haya más operaciones.Se analiza el mercado con un sesgo ideológico que demoniza al propietario, cuando el 97% de la oferta en España proviene de familias con una sola vivienda. En nuestro caso, el 95% de los pisos gestionados pertenecen a particulares. Esto choca con el discurso de que "el propietario es el malo". Además, durante el Covid vimos una gran solidaridad: muchos propietarios renunciaron a cobrar rentas o ayudaron a otros inquilinos a través de nuestra fundación.

¿Cómo ve la nueva Ley de Vivienda?

Desde el punto de vista económico, me parece una barbaridad. Empieza a generar la duda de si los efectos contrarios que produce no son, en realidad, los que se buscan. Entendemos que la solución al problema de la vivienda pasa por aumentar la oferta. Para eso hacen falta cuatro cosas: suelo, constructoras, licencias y financiación. Suelo hay de sobra y constructoras también. ¿Dónde está el problema? En las licencias. Si los ayuntamientos y comunidades no liberan su concesión ni aprueban planes de ordenación urbana no se construirá vivienda. En cuanto a la financiación, hace falta eliminar impuestos, crear incentivos y bajar tasas, pero no interesa, es un problema político. Cualquier medida que no actúe sobre la liberalización del suelo y la financiación no resolverá nada. Mientras tanto, limitar precios o imponer que el 30% de las nuevas viviendas sea de obra social es, simplemente, bochornoso.